Posición del Movimiento Ciudadano al Socialismo MCS, con respecto a la venta de Sopladora y CNT

Desde hace algunos meses se viene hablando de venta, privatización o concesión de activos de empresas públicas como solución al problema financiero generado por la reducción de los precios del petróleo y la apreciación del dólar. Vamos a enfocarnos en los casos de Sopladora y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)

SOPLADORA:

Se trata de una central hidroeléctrica de 500 MW, la tercera en tamaño del país, con una potencia de aproximadamente el 14% de la demanda eléctrica del país, que acaba de ser inaugurada y es parte de aquel conjunto de obras que con tanto entusiasmo el pueblo ecuatoriano ha venido apoyando como solución económica y ecológica a la necesidad de energía eléctrica para nuestro desarrollo.

Sopladora es parte del complejo hidroeléctrico Paute, y utiliza el agua turbinada de la central Paute-Molino de 1.100 MW. Producirá anualmente cerca de 3.000 millones de kilowatios-hora, que calculados a 4.5 centavos cada uno, representan 135 millones de dólares anuales. Esta central costó cerca de 800 millones de dólares financiados parcialmente con un crédito de la República Popular China con una tasa de interés entre 7% y 8%. Está operada por la CELEC EP, Corporación Eléctrica del Ecuador, responsable de más del 80% de la capacidad de generación instalada en el país, con centrales de más de 40 años de operación satisfactoria y con altos indicadores de eficiencia.

Actualmente ya no se está hablando de venderla, sino de concesionarla, manteniendo la propiedad del activo en la CELEC EP. Se trataría entonces de buscar una empresa que entregue alrededor de 900 millones de dólares al estado, y la opere 30 años cobrando el valor de su producción, para lo cual el estado debe garantizar un precio de venta por los 30 años.

De acuerdo a nuestra Constitución y a la Ley Orgánica del Servicio Público de Electricidad, la generación de energía eléctrica para satisfacer las necesidades de nuestra población, es de carácter estratégico y constituye una responsabilidad del Estado, que excepcionalmente puede delegarse a la empresa privada. Las situaciones excepcionales están dadas por incapacidad técnica o económica para construir o gestionar la obra requerida.

En el caso de Sopladora ya se obtuvo el crédito y se terminó de construir la obra, por lo que no se puede aducir incapacidad económica. Tampoco se puede aducir incapacidad técnica ya que CELEC EP la está operando adecuadamente, y adicionalmente está operando Paute Molino, Mazar, Agoyán, San Francisco, Coca Sinclair, Manduriacu, Baba y Daule Peripa. Algunas de estas centrales tienen decenas de años operando muy satisfactoriamente inicialmente por INECEL y en la actualidad por CELEC EP.

Consideramos por lo tanto que no se dan las condiciones de excepcionalidad para traspasar la operación de Sopladora a otra empresa diferente de la creada por el estado para su construcción y operación.

Comprendemos la necesidad de recursos económicos para otras obras, pero creemos que esto debe ser solucionado en otra forma. El problema financiero debe ser asumido por el Ministerio de Finanzas a través de emisión de bonos u otra forma de financiamiento.

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT)  

Es una de las empresas públicas más grandes del país, con un enorme activo e importantes utilidades anuales. Consideramos uno los mayores logros del gobierno la conformación de esta empresa, fusionando las antiguas Pacifictel y Andinatel, con una administración mucho más técnica y eficiente, que ha permitido extender la cobertura de la telefonía a prácticamente toda la población ecuatoriana, incrementando la penetración del INTERNET y su uso en planteles educativos y actividades económicas y recreativas.

Las telecomunicaciones, además de constituir parte de las actividades estratégicas definidas en nuestra Constitución, son una de las actividades más rentables en el mundo actual. En el Ecuador CNT tiene el control de casi la totalidad de la telefonía fija, y va creciendo su participación en telefonía móvil y en otros servicios como televisión pagada e INTERNET, actividades sumamente rentables para operadores como CLARO y MOVISTAR. Uno de los objetivos de CNT debe ser aumentar significativamente su participación en telefonía móvil e INTERNET, promoviendo una reducción de las tarifas al usuario final y que las utilidades que tienen enormes empresas extranjeras sean trasladadas a la sociedad ecuatoriana.

Los problemas financieros de la caja fiscal han llevado a que se hable de una posible venta parcial de CNT, concretamente del 49% de sus acciones. Debido a que CNT es una empresa pública y por lo tanto no tiene acciones, entendemos que se trata de crear una empresa en el marco de las Alianzas Públicas Privadas (APP), en la que CNT tenga el 51% de las acciones y un socio privado el 49%.

Creemos nuevamente, al igual que en el caso de Sopladora, que no se dan las causales previstas en la Constitución para delegar esta actividad a una empresa privada, por más que en ella la Empresa Pública tenga el 51% de las acciones. CNT tiene la capacidad económica para su expansión, ya que puede contratar créditos como Corporación, sin recurrir al Presupuesto General del Estado, que serían pagados fácilmente con el producto de la operación de las nuevas inversiones. La participación de un privado con el 49% lo que haría es traspasar una rentabilidad que está quedando para el pueblo ecuatoriano, a una empresa extranjera.

En el aspecto técnico CNT ha demostrado que los profesionales ecuatorianos podemos manejar con total solvencia esta clase de actividad. Es cierto que las telecomunicaciones tienen un progreso tecnológico impresionante, por lo que eventualmente se puede necesitar de convenios de asociación específicos para el desarrollo de alguna tecnología nueva, contratando empresas con tecnología de punta y pagándoles por sus servicios.

Por lo tanto, al igual que en el caso Sopladora, creemos que no se justifica la privatización, aunque sea parcial, de las actividades que desarrolla la CNT, y que más bien debe desarrollarse mucho más el campo de acción de esta empresa pública estratégica. Los problemas financieros de la caja fiscal deben ser solucionados con otros mecanismos que deberá diseñar el ministerio de Finanzas.

IMPACTO POLÍTICO

En estos 10 años de Revolución Ciudadana el pueblo ecuatoriano ha visto incrementarse su capital social a través de la inversión en infraestructura vial, portuaria, energética, hospitalaria, de telecomunicaciones, educativa, etc., lo que ha contribuido de forma importante al respaldo de la ciudadanía al proceso político que se ha desarrollado. En muchísimas ocasiones se ha venido promoviendo desde la Presidencia de la República el concepto de un país soberano, con capacidad para labrarse su propio destino en un ambiente solidario, donde el sector público de la economía no sea visto como algo ajeno, manejado por una burocracia indolente, sino algo que le pertenece al pueblo con servidores públicos contagiados de la mística del servicio a los demás.

Con esos antecedentes, creemos que decirle al pueblo ecuatoriano que debemos vender lo que con tanto entusiasmo construimos es frustrante y no es aceptado fácilmente por el pueblo que ve con preocupación la posibilidad de retornar a la época de las privatizaciones contra las que con tanto empeño luchamos.

Además, no nos cabe la menor duda que en plena campaña electoral, la venta o concesión de estos importantes activos del país, será aprovechada por la oposición para sembrar dudas y desconcierto sobre el manejo de nuestros recursos.

Comprendemos las dificultades financieras del Gobierno, pero insistimos que se busquen otras medidas para afrontarlas.

Redacción: Eduardo Barredo

 

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